La organización Amnistía Internacional (AI) exigió este viernes 9 de agosto, mediante una carta abierta dirigida a Karim Khan, Fiscal de la Corte Penal Internacional (CPI), que se tomen acciones urgentes contra la comisión de crímenes de lesa humanidad en Venezuela, registrados durante las manifestaciones postelectorales.
El organismo dedicado a la defensa de los derechos humanos cuestionó el silencio total por parte del Fiscal de la CPI sobre la crisis política y los crímenes organizados contra la sociedad venezolana, perpetrados por funcionarios de seguridad del gobierno de Nicolás Maduro.
Erika Guevara Rosas, directora de investigación, incidencia, políticas y campañas de AI, denunció que la fiscalía internacional, en este caso la CPI, ha sido testigo de las muertes de personas a manos de las fuerzas de seguridad del Estado y de grupos armados de civiles que supuestamente reciben órdenes del gobierno.
Además, se han registrado detenciones arbitrarias de más de dos mil ciudadanos, según informe del Fiscal General de la República, entre hombres y mujeres, incluyendo menores de edad en las últimas semanas, solo por oponerse y rechazar los resultados electorales del pasado domingo 28 de julio, anunciados por el CNE.
Guevara Rosas también expresó que, en relación con las urnas electorales, se han registrado ataques, amenazas y estigmatización hacia activistas de derechos humanos y organizaciones de la sociedad civil en Venezuela.
Presentan 300 nuevas causas de crímenes de lesa humanidad en Venezuela
Orlando Viera-Blanco, abogado y politólogo, informó que este miércoles 8 de agosto fueron radicadas ante la oficina del Procurador y la Sala de Cuestiones Previas de la Corte Penal Internacional (CPI) 300 nuevas incidencias relacionadas con presuntos crímenes de lesa humanidad cometidos en Venezuela durante la represión poselectoral. Estos delitos están tipificados en el artículo 7 del Estatuto de Roma.
Las denuncias incluyen casos de “desapariciones forzosas, persecución política, encarcelamiento arbitrario, asesinatos, torturas, hostigamiento, tratos crueles y degradantes”.
Viera-Blanco puso de ejemplo el caso de María Oropeza, coordinadora de Vente Venezuela, a quien las autoridades la detuvieron mientras transmitía en vivo su aprehensión en una red social.
Estas 300 nuevas denuncias se suman a otras 346 presentadas la semana anterior, lo que, según el abogado, “van a catalizar el proceso de órdenes de alerta, de comparecencia forzosa y de detención” contra los responsables.
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